Itziar Ruiz-Giménez Arrieta responde a las preguntas de los Grupos Parlamentarios.   

Para ver la exposición inicial, así como las preguntas de los y las representantes de los Grupos Parlamentarios [en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del 5 de junio], vaya a las noticias web (I) Intervención y (II) Preguntas. Durante el limitado tiempo de respuestas, se trató de abordar la mayoría de las preguntas realizadas.

En primer lugar, con respecto al Estado de Alarma, Itziar hizo hincapié en el «impacto negativo que tienen esas medidas de seguritización excepcionales en la libertad de expresión, de reunión y asociación, sea en el contexto del estado de alama» o previamente. En este sentido, hizo mención a la Ley de Seguridad Ciudadana, que entorpece asimismo el adecuado control judicial de todas las multas y medidas adoptadas, instando a su reformulación en el Parlamento.

Con respecto a la cooperación, se subrayó la necesidad de desanclarla de los intereses económicos, geoestratégicos y de seguridad de España, así como del control migratorio o de la lucha antiterrorista. Además, se apuntó tanto a la economía política de las rutas migratorias, como a las políticas europeas de cierre de fronteras y ausencia de canales legales y seguros, como responsables directos de la brecha en derechos humanos en el Sahel, el Mediterráneo y las rutas migratorias. Por último, Itziar indicó tres grandes riesgos a evitar en la reorientación de la cooperación: reducir fondos, desplazar fondos al COVID-19 destinados inicialmente a otras enfermedades y mantener la condicionalidad de la ayuda. 

Por otro lado, se recordó que este verano la Unión Europea tiene que aprobar un Pacto europeo sobre Asilo y Migraciones, ofreciendo la oportunidad a España de poner los derechos humanos en el centro. También se hizo mención a la necesidad de una regularización extraordinaria, a la criticada exclusión de la población migrante del Ingreso Mínimo Vital y a las carencias del sistema de acogida español de asilo.

Con respecto a los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad, se indicó que la propia Oficina de Protección de Datos ha defendido que la Ley de Protección de Datos no es impedimento para aportar datos desagregados por distintos parámetros, que permitan conocer cuáles son las fuentes de discriminaciones múltiples. Por último, para transversalizar estos enfoques se necesita: (i) tener presente los artículos 96 y 10.2 de la Constitución Española, (ii) participación ciudadana en la elaboración, evaluación e implementación de leyes y políticas públicas; y (iii) auditorías y evaluaciones sobre el impacto en derechos humanos del accionar de empresas y administraciones españolas, por ejemplo, en el continente africano.

Os invitamos a escuchar las respuestas completas, pinchando aquí (min 53:35).

Para leer detenidamente la transcripción, pinche aquí (pp. 239-251).